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Written by Por Ricardo Cortés Chico
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Monday, 18 January 2010 |
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Desarrollador demanda en la corte federal al municipio de Culebra
17 de enero de 2010
Por Ricardo Cortés Chico /
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 En la lucha que se desata en Culebra por acceso a terrenos aledaños a la playa Flamenco, el desarrollador Víctor González Barahona demandó en la corte federal a varios funcionarios municipales por alegadas violaciones a los derechos civiles.
No obstante, según Mary Ann Lucking, directora de la organización CORALations, se trata de un intento más para acallar la oposición comunitaria y municipal al cierre de los accesos que pretende González Barahona, al área conocida como “El Muellecito” y el antiguo puesto de observación militar y la playa La Resaca.
“Es escandaloso. Él está tratando de bloquear los accesos públicos desde el 2005 y se pretende ver como la víctima”, dijo la activista ambiental.
Lucking explicó que González Barahona, en uno de sus últimos intentos por bloquear los accesos al área, sembró una serie de árboles en medio del camino público. Escogió especies en peligro de extinción para tener una excusa para que no fueran removidos, explicó.
El municipio le advirtió que esa siembra en medio del camino no sería admitida por tratarse de una vía pública, pero González Barahona hizo caso omiso a las advertencias. Los árboles fueron removidos por el municipio y entregados inmediatamente a empleados del desarrollador para que fueran replantados.
Ayer, no fue posible obtener una reacción del desarrollador. Del mismo modo, según Lucking, el desarrollador envió una carta amenazando con demandar al alcalde de Culebra, Abrahan Peña Nieves, por supuestamente destruir más de 100 árboles en peligro de extinción plantados en el camino público. En un pleito anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que los caminos eran una vía de acceso pública, por lo que no podía impedirse de modo alguno la entrada al lugar, señaló la ambientalista. “Si él (González Barahona) hubiese querido realmente reforestar el área, no hubiese sembrado los árboles allí y hubiese escogido áreas donde se puede proyectar que el árbol va a estar seguro”, dijo la líder comunitaria Digna Feliciano en un comunicado de prensa. |
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Last Updated ( Monday, 18 January 2010 )
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Written by DR. ARIEL LUGO / Especial El Nuevo Día
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Monday, 14 December 2009 |
En disputa nuestras costas Este enorme forcejeo tiene su razón en el afán de lucro
POR DR. ARIEL LUGO
Especial El Nuevo Día |
 Las mareas en Puerto Rico son tan limitadas que más de la mitad de lo que un puertorriqueño considera playa pública se convierte en terreno privatizable LA MAYOR PARTE de la actividad económica y recreativa de Puerto Rico se lleva a cabo en la zona costanera que incluye las playas, dunas de arena, manglares, estuarios, bosques y valles aluv i a l e s.
Los terrenos de la zona costanera son motivo de un gran forcejeo entre empresarios que buscan lucro con o sin consideración al ordenamiento territorial, comunidades enteras, agricultores y ganaderos que viven y trabajan allí y sectores dentro y fuera de la zona que se preocupan por la conservación de los valores naturales y la protección del interés público.
El forcejeo es intenso debido a la riqueza natural y alto potencial económico de la región y a que cada día hay menos espacios disponibles. La conversión de suelos aluviales agrícolas a usos urbanos se considera normal en Puerto Rico, pero desde el punto de vista de nuestra seguridad alimentaria es una acción suicida e inconcebible en un mundo donde la disponibilidad a largo plazo de alimentos no se puede garantizar. El centro del forcejeo por la tierra en la zona costanera se concentra en las playas.
El potencial de lucro es tan alto con estos terrenos que se ha demostrado en los tribunales que existen numerosos esquemas cuyos participantes incluyen miembros de las más altas esferas del gobierno, la banca, las aseguradoras y otros sectores de la sociedad. Estos esquemas están diseñados para apoderarse de terrenos públicos y construir en lugares de alta peligrosidad para los que decidan vivir allí.
Cuando los esquemas involucran las barreras costeras, no habrá seguro federal en caso de marejadas e inundaciones y aunque los participantes del esquema lo saben, no se lo informan a las víctimas que adquieren estas propiedades.
Nos enfrentamos a una nueva realidad donde las tres ramas del gobierno están tomando decisiones que nos mueven hacia el pasado cuando no había protección ambiental y las voces del público no se escuchaban.
El nuevo paradigma consiste en (1) no ordenar el uso del terreno ignorando la necesidad de un plan de su uso para todo el territorio; (2) debilitar las leyes de protección ambiental; (3) privatizar los procesos gubernamentales orientándolos a favor de la construcción; (4) restringir la disponibilidad de información y el derecho de protesta del público; (5) privatizar los bienes públicos.
La idea es que estas medidas van a mejorar la situación económica de unos pocos y de alguna manera nos beneficiamos todos.
Sin embargo en algo estamos de acuerdo todos los puertorriqueños: ¡las playas son públicas! Pero ¿hasta dónde llega lo público? Llega hasta el final de la zona marítimo terrestre (ZMT). La ZMT es pública y no se puede privatizar por ser un bien no patrimonial. ¡Ah!, pero por medio del forcejeo podemos influenciar su delimitación.
Para colmo, el 28 de octubre de 2009, el Tribunal Supremo (Tribunal) entró en la discusión de la delimitación de la ZMT y lanzó todo su peso y prestigio en contra del interés público. El gobierno privatizaba la ZMT acomodándola de acuerdo a las necesidades de los empresarios. Tal acomodo no es nada en comparación con lo que acaba de determinar el Tribunal.
Si antes había una situación de peligrosidad y abuso para con los intereses públicos en la ZMT, la decisión del Tribunal permitirá situaciones de magnitud más peligrosas para el ciudadano y desfavorables al país.
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Last Updated ( Monday, 14 December 2009 )
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