Con cinta métrica en mano, el juez Carlos Dávila Vélez midió y observó ayer el área del proyecto Los Almendros, en Punta las Marías, para en mayo determinar si da paso o no a la demanda de interdicto sometida por la Coalición Playa para Todos porque entienden se construye sobre el litoral de la zona marítimo-terrestre.

A eso de las 11:00 de la mañana de ayer, bajo un candente sol y al lado de un agua azul cristalina, el propio juez y los abogados de las partes midieron desde donde se construyó un muro de cemento hasta donde llegaba el agua en distintos puntos, que alcanzaba de cinco a 19 pies, aproximadamente.

Dávila Vélez citó a las partes el 6 y 7 de mayo para continuar las vistas en su sala del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Antes de su llegada, miembros de la Coalición Playa para Todos mostraron vídeos y fotos de las olas, no sólo tocando la pared, sino rebasándola.

El científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera explicó que la demanda pretende detener la construcción del condominio de ocho apartamentos -que en Internet se mercadean por $2 millones- en lo que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) cita a vistas administrativas y determina si el muro construido se encuentra o no en la zona marítimo-terrestre.

“No es que el mar está invadiendo la propiedad, sino que la construcción está invadiendo la playa... En lo que el DRNA celebra vistas y adjudica si el deslinde estuvo bien o mal hecho, terminamos con una obra construida y precisamente queremos evitar la situación de Paseo Caribe”, expresó Rivera Herrera.

Detalló que Nelson Pérez, de la Coalición, presentó una querella ante el DRNA y al año la agencia la desestimó porque el querellante no era abogado. La Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) procedió a dar el permiso de construcción. La Coalición acudió al Tribunal de Apelaciones, que decidió que el DRNA debía atender la querella y realizar vistas administrativas. La agencia solicitó una reconsideración, que fue declarada no ha lugar en estos días.

La abogada del Departamento de Justicia que representa al DRNA, Claudia Juan García, dijo que su posición es que el tribunal no es el foro adecuado para atender la situación, sino administrativamente.

La contratista del proyecto, Dayana Soto, dijo que en siete años variaron el deslinde tres veces y aseguró que tienen todos los permisos, por lo que “estamos en ley”.